Una nueva crisis parlamentaria se está gestando bajo las cenizas aún calientes de la batalla de las pensiones. Dos meses después de la promulgación de la ley que adelanta la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, la Asamblea Nacional está llamada a decidir, el 8 de junio, sobre el proyecto de ley del grupo Libertés, Indépendants, ultramar y territorios (LIOT ) tendiente a derogar la reforma tan denunciada por los sindicatos y por la opinión pública.

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Pero la perspectiva de una votación de los diputados sobre la medida de la edad ha sido objeto de una intensa batalla procesal, durante varias semanas, entre el campo presidencial y la oposición. Los representantes electos de los tres grupos mayoritarios (Renacimiento, MoDem y Horizontes) están decididos a impedir cualquier votación sobre este proyecto de ley, invocando en particular el artículo 40 de la Constitución. Esta disposición de la ley fundamental establece que cualquier iniciativa parlamentaria –proyecto de ley o reforma– no puede gravar el presupuesto del Estado proporcionando una carga financiera no compensada con recursos. Temiendo sobre todo quedar en inferioridad de votos durante el examen del texto en sesión pública, presentan como inadmisible la propuesta del grupo LIOT, alegando que costaría entre 15.000 y 20.000 millones de euros para las arcas del Estado, sin alternativas de financiación. Esto habría impedido su examen en sesión.

Un texto “admisible” para Coquerel

Sin embargo, desde la revisión constitucional de 2008, corresponde al presidente de la comisión de finanzas, cargo desarrollado en la oposición, examinar la admisibilidad financiera de estas medidas. Apresado el 23 de mayo por la presidenta de la comisión de asuntos sociales, Fadila Khattabi, el presidente «rebelde» de la comisión de finanzas, Eric Coquerel, anunció el martes 30 de mayo, desde la Asamblea Nacional, que consideraba «admisible» el proyecto de ley LIOT. En su argumentación, el Presidente del Comité de Finanzas abogó en particular por una «interpretación flexible» del artículo 40 a fin de preservar “el derecho de iniciativa parlamentaria propio de la oposición y de los grupos minoritarios”.

Sin consecuencias para el poder cuando contaba con la mayoría absoluta, la aplicación acomodaticia del artículo 40 se transformó con la mayoría relativa en un debate político e institucional sobre el margen de maniobra de las oposiciones, en adelante en capacidad de aunar esfuerzos para hacer adoptar textos en contra de la opinión del ejecutivo. “Solo el gobierno puede aumentar los cobros. Si está de acuerdo con un proyecto de ley, levanta el compromiso. En caso contrario, se aplica el artículo 40. argumentar el ponente del presupuesto general, Jean-René Cazeneuve (Renacimiento, Gers).

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