El pasado 17 de octubre se cumplieron cinco años de la legalización del cannabis recreativo en Canadá (el medicinal está autorizado desde 2001), convirtiéndose en el segundo país, después de Uruguay, en poner en marcha esta medida. Un lustro después de la luz verde, se constatan avances que confirman lo atinado de la decisión. Sin embargo, aún se perciben asignaturas pendientes. El primer ministro, Justin Trudeau, señaló el día en que la medida entró en vigor: “La legalización golpeará a los grupos criminales y protegerá a los jóvenes”. El 70% del valor total del cannabis consumido en el país en el primer semestre de 2023 llegó de una fuente legal. En los primeros meses de la legalización representaba el 22%. Al mismo tiempo, el número de tiendas autorizadas aumentó considerablemente (ya hay 3.300 locales), al igual que la oferta de productos en dichos establecimientos.

En vísperas de la legalización, diversas voces alertaban sobre el riesgo de un drástico aumento del consumo. En realidad, dicho incremento se venía constatado desde hace décadas, incluso sin legalización. En 1985, el 5,6% de los canadienses mayores de 15 años la consumían; en 2017 pasó al 14,8%, y en 2021, al 21%. El grupo que más consume actualmente lo integran las personas de entre 18 y 24 años.

El mercado negro ha perdido la mayoría del pastel, pero sigue ingresando dólares por razones obvias. Los precios en las tiendas autorizadas, pese a que han bajado, son aún prohibitivos para ciertos sectores de la población. Además, los grupos criminales ofrecen productos con alta concentración en THC (el principal psicoactivo de la planta), limitados por vías legales a raíz de recomendaciones de las autoridades sanitarias. Expertos en Quebec siguen criticando la decisión del Gobierno provincial de aumentar la edad legal de compra. Pasó de 18 a 21 años en enero de 2020: oxígeno puro para la venta callejera.

La legalización canadiense provocó interés mundial al tratarse de una medida enfocada en el combate al crimen organizado y en la salud pública; también en las finanzas estatales y en una industria con los papeles en regla. Si en el primer mes del nuevo marco las ventas legales representaron unos 42 millones de dólares canadienses (28,7 millones de euros), en julio de este año alcanzaron 446 millones (305 millones de euros).

Un ‘chute’ para el Estado

El plan de legalización de Trudeau suscitó furor entre los interesados en probar suerte en esta industria. Tras un lustro de su puesta en marcha, las arcas públicas reciben cifras considerables. Por cada dólar de producto vendido, los distintos niveles gubernamentales se embolsan 47 céntimos en impuestos especiales y de venta. Sin embargo, pocas son las empresas productoras que exhiben beneficios. La mayoría de ellas se quejan del alto grado de inversión en infraestructuras, las estrictas regulaciones y la falta de apoyos públicos. En febrero, un grupo de productores presentaron una demanda contra bancos canadienses por “discriminación financiera” en la concesión de créditos.

La legalización del cannabis ocupa cada vez menos espacio en la opinión pública. Actualmente, la discusión está más enfocada en otras drogas. Ottawa autorizó el uso de alucinógenos como la psilocibina y el MDMA para tratar ciertas enfermedades mentales. Algunas empresas piensan ya en planes conforme estas sustancias vayan insertándose en el terreno legal. Asimismo, distintos sectores reclaman la despenalización de las drogas duras, como parte de los esfuerzos para reducir la ola de sobredosis, principalmente por opioides.

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