El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azón, ha mostrado este martes su satisfacción tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite, por unanimidad, la denuncia presentada por los tribunales aragoneses contra la Ley Orgánica 1/2024, que establecía una amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Azcón dijo que esta decisión del TC es un paso importante para garantizar «el respeto al Estado de derecho» y demuestra que la ley es inconstitucional, como han señalado numerosos abogados de todo el país.
El recurso de Aragón es el primero de los 15 presentados contra esta ley por los gobiernos y parlamentos de varias comunidades autónomas. Según Azcón, el reconocimiento de la denuncia refleja que «la protección de la Constitución prevalece sobre cualquier otro interés» y destacó el papel de Aragón a la hora de liderar esta lucha jurídica contra una norma que, según él, va contra los principios fundamentales de la norma de lucha principal. de derecho.
Un paso significativo en la defensa de la Constitución
Azcón destacó que la decisión del TC es una «buena noticia» para los aragoneses, que, según dijo, están representados en esta acción ante los tribunales de Aragón. Para el presidente regional, la ley de amnistía es «injusta» y contradice la Constitución, pues busca normalizar situaciones que, desde su punto de vista, no pueden estar por encima del marco legal del país.
El dirigente aragonés enfatizó que la unanimidad del TC al reconocer el recurso es un claro indicio de que existen dudas sobre la constitucionalidad de la norma. «Este auto del Tribunal Constitucional da y quita motivos», ha afirmado Azón, que considera el reconocimiento de la querella un triunfo para los aragoneses y para todos los que defienden la legalidad y el Estado de derecho.
Consenso político en Aragón contra la Ley de Amnistía
El recurso presentado ante el TC fue apoyado por una amplia mayoría en las cortes de Aragón, entre ellas PP, Vox, Teruel Existe y Par. Azcón destacó que este consenso político refleja el rechazo generalizado a una ley que considera la democracia y el equilibrio constitucional del país. Según explicó, la norma no sólo es injusta, sino que abre la puerta a concesiones políticas que, según dicen, comprometen la integridad del Estado.
El presidente de Aragón no ha dudado en criticar al Gobierno central y al presidente Pedro Sánchez, acusándolos de utilizar la ley de Amnistía como herramienta para alcanzar acuerdos políticos a cambio de votos en el Congreso. Según Azcón, «el mundo entero sabe que la amnistía es un intercambio de favores políticos por escaños» y que con esta ley el Gobierno concede privilegios a partidos catalanes que están fuera del marco legal y que vulneran los principios de la Constitución.
El apoyo de la comunidad jurídica.
Azcón afirmó que la «abrumadora mayoría» de los expertos en derecho constitucional en España cree que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Según el presidente de Aragón, esta opinión era compartida incluso por destacados miembros del Partido Socialista y, en su momento, por el propio Pedro Sánchez, quien también habría admitido dudas sobre la constitucionalidad de tal norma.
En sus declaraciones, Azcón destacó que la denuncia presentada por los tribunales de Aragón refleja el compromiso de la comunidad con la protección de la legalidad y la Constitución. «Es gratificante que los aragoneses estén en primera línea en la defensa del Estado de derecho», afirmó, destacando que la ley no sólo es injusta sino que también representa una transferencia de poder que compromete los valores democráticos del país.
Críticas al gobierno central y la ley de amnistía
El presidente de Aragón se mostró especialmente crítico con el presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de «abuso de poder» y de entregarse a los partidos catalanes para asegurarse su apoyo político en el Congreso. Azcón insistió en que Amnistía es una medida que no respeta el marco constitucional y que pone en riesgo la integridad del Estado. Según el dirigente regional, esta ley es un claro ejemplo de cómo el gobierno central está dispuesto a hacer concesiones que comprometen la legitimidad para mantenerse en el poder.
En este contexto, Azcón reafirmó su compromiso con los valores democráticos y con la defensa de la Constitución, garantizando que Aragón seguirá liderando la lucha contra esta ley. Para el presidente, la denuncia ante el TC es una muestra de que la comunidad autónoma está comprometida con proteger los intereses de todos los ciudadanos y preservar el Estado de derecho.
Un llamado a la unidad en defensa del Estado de derecho
En sus declaraciones, Azcón instó a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y los valores democráticos. Según el presidente de Aragonés, el reconocimiento de la denuncia por parte del TC es sólo el primer paso de una batalla legal que busca lograr que la ley de Amnistía sea declarada inconstitucional y que se respete el marco legal del país.
El dirigente regional destacó que la lucha contra la ley de amnistía no es sólo una cuestión política, sino también un compromiso con los principios básicos que sustentan la democracia en España. Para Azcón, el apoyo de la comunidad jurídica y el consenso político en Aragón son una prueba de que esta lucha cuenta con un amplio apoyo y de que es posible defender los valores democráticos frente a las concesiones políticas.
El futuro de la ley de amnistía en manos del TC
Con la aceptación del recurso, será el Tribunal Constitucional el que finalmente decida sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Aunque el proceso judicial puede llevar tiempo, la decisión del TC será fundamental para determinar el futuro de esta norma y su impacto en el panorama político del país. Para Azcón, la unanimidad del tribunal al admitir el recurso es una señal positiva que aumenta las esperanzas de que la ley sea declarada inconstitucional.
Por su parte, el presidente de Aragón reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución y la lucha por una democracia sólida y respetuosa del Estado de derecho. Según Azcón, los aragoneses pueden estar orgullosos de liderar esta batalla jurídica, que busca que los principios básicos de la democracia prevalezcan sobre los intereses políticos.
