La situación de pobreza y exclusión social que padecen muchas personas en nuestro país es un drama humano inaceptable. Esas privaciones les impiden construir trayectorias personales exitosas, llevar una vida digna y obtener reconocimiento social. Este drama se agrava cuando se trata de la pobreza infantil. Que nuestro país encabece, junto con Rumanía, el ranking europeo con un 27,6% de pobreza infantil es algo incomprensible e impropio de una sociedad decente y de una democracia desarrollada.

Esta pobreza y exclusión social tiene un elevado coste para la sociedad y constituye un freno para el crecimiento. Así, según la OCDE, la falta de inversión en la infancia resta, en promedio, a los países desarrollados un 1,6% de PIB anual. En el caso de España, un 2,6%. Vamos, un despilfarro. Si dejamos en la cuneta de la exclusión a cientos de miles de personas, el país no puede tener un futuro de progreso. Ahora que tanto preocupa el “talento”, es necesario recordar que la mejor métrica del futuro que le espera a una sociedad es ver cómo cuida a sus generaciones jóvenes.

¿Por qué no somos capaces de erradicar estas lacras? La respuesta convencional es la falta de recursos económicos. Pero tengo la convicción de que hay algo más. Que el Ingreso Mínimo Vital no llegue a todas las personas que lo necesitan no es un problema de recursos. Como tampoco lo es que las políticas de empleo no logren sus objetivos. La relación con instituciones dedicadas a estudiar o erradicar estas lacras me ha hecho ver que, al margen de que haya que aumentar los recursos financieros, la clave del éxito de los programas contra la pobreza y la exclusión es la calidad de la orientación y del acompañamiento que reciben las personas que quieren escapar de esa situación. Permítanme mencionar algunos ejemplos.

Esta semana fui invitado a participar en un acto de celebración del 40 aniversario de los Servicios Sociales Locales de Aldaia (Valencia). Al escuchar a sus responsables pude comprobar el avance logrado en este tiempo, pero también la necesidad de mejorar. Los servicios sociales locales son la primera trinchera del Estado del Bienestar en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Es en el ámbito local donde se manifiestan con toda su crudeza estas privaciones. La proximidad permite a estos servicios sociales hacer “trajes a medida” para cada una de las personas que necesitan ayuda que van más allá de las ayudas monetarias Y, que, aunque alivian las carencias, no las curan. Hace falta poder orientar y acompañar a las personas en su esfuerzo para salir de la pobreza. Para tener éxito en esta tarea, los servicios sociales requieren capacidad para elaborar planes de trabajo precisos; y, especialmente, contar con equipos humanos bien formados, con condiciones laborales adecuadas.

La orientación y el acompañamiento es también la clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes, de los parados o de aquellos que teniendo empleo necesitan prepararse para las nuevas condiciones que implican las nuevas tecnologías.

Un reciente informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre Formación dual en España. Situación y perspectiva utiliza evidencia empírica para concluir que la orientación temprana y el acompañamiento de los alumnos es clave para evitar el abandono y acertar la elección de especialidad que mejore su empleabilidad. Por ello, recomienda invertir en la formación de tutores, tanto en los centros educativos como en las empresas. El informe sostiene que esto es válido también para la universidad y para las políticas de empleo.

Otro ejemplo revelador de la importancia de la orientación y el acompañamiento de las personas en situación de pobreza y exclusión me viene de mi relación con la Sareb, la entidad creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos que le transfirió la banca en la crisis financiera de 2008. A partir de la toma de posesión del 100% por parte del Estado, la Sareb ha creado una nueva división de vivienda social y asequible. Dispone de un stock creciente de viviendas y terrenos que antes estaban a la venta. En el corto espacio de un año y medio los resultados (finales de 2023) son extraordinariamente alentadores. Ha aprobado contratos de alquiler con más de 6.500 familias que vivían en condiciones inciertas en viviendas en las que la Sareb ha recuperado la posesión. Lo novedoso del programa de alquiler social es que el contrato incorpora un componente de reciprocidad por parte del inquilino. Por un lado, el compromiso con un Plan de Acompañamiento, formalizado con 2.600 familias. Por otro, el compromiso con un Plan de Inserción Laboral, firmado por 2.574 personas. Otro resultado notable es que esta cartera de alquiler social tiene una tasa de morosidad de sólo el 10%, inferior al resto de la cartera de alquiler. ¡Los pobres son buenos pagadores cuando se les ayuda a salir de la miseria y la exclusión!

¿Cómo ha logrado la Sareb estos buenos resultados en tan poco tiempo? Se debe a dos razones. Gracias a la elaboración de un plan de trabajo con objetivos precisos. Y, además, por la elección de un equipo profesional de orientación y acompañamiento de estas familias. El contacto directo y el seguimiento crean confianza recíproca y da resultados rápidos. Pienso que este es un ejemplo de que es posible desplegar una política eficaz de alquiler social. El aumento de su cartera de viviendas en alquiler y la continuidad en el tiempo de la propia Sareb harán de ella el operador público estatal de vivienda social que tanto necesitaba nuestro país.

En definitiva, la pobreza y la exclusión social son un drama humano, con un elevado coste para la sociedad y un freno para la economía. Pero no son una fatalidad inevitable. Se pueden erradicar. La clave del éxito es lograr que los servicios sociales públicos y las entidades y empresas que colaboran con ellos tengan la capacidad para ofrecer una orientación y acompañamiento de calidad a las personas que quieren escapar de las situaciones de vulnerabilidad. Los recursos utilizados en esta tarea no son un gasto improductivo, sino una inversión con elevados retornos para las personas, para la sociedad y para la economía. Sociedad justa y eficiencia económica no se oponen, se complementan.

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