El estallido del campo ha puesto al descubierto el grave deterioro de las condiciones de vida de los agricultores europeos. Manipulaciones políticas de la derecha aparte, la verdad es que sobre los agricultores se acumulan pesadas responsabilidades: suministrar alimentos seguros, asumir más costes por las necesarias exigencias medioambientales y enfrentarse a la competencia desleal de una globalización descontrolada. Los agricultores solos no pueden con todo.
Los criterios de la Política Agrícola Común (PAC) actual no tienen nada que ver con los principios fundacionales del Tratado Europeo de 1957. Los objetivos originales destacaban: “incrementar la productividad”, “garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura”; “estabilizar los mercados”; “garantizar la seguridad de los alimentos” y “asegurar al consumidor suministros a precios razonables”.
La PAC fue puesta en marcha en 1962 por el comisario holandés, Sicco Mansholt, combatiente de la resistencia, con un diseño intervencionista que incluía fijar precios políticos y no por el mercado. Europa venía de las hambrunas de la guerra. El sistema funcionó al principio, pero condujo a unos excedentes agrícolas insostenibles, y tuvo que ser modificado.
Las sucesivas reformas de la PAC han conducido al extremo opuesto. Los principios europeos se han abandonado. Mandan los mercados. El raquítico presupuesto de la UE (1% del PIB) es insuficiente para hacer frente a los operadores internacionales. Las reformas agrícolas han ido sustituyendo el apoyo a los precios por las ayudas directas. Los beneficiarios han sido las grandes explotaciones. Hasta 2022, en España, el 2% de los perceptores (que recibían entre 50.000 euros y más de 500.000 euros) obtenían el 25% del total. Por el contrario, el 70% (pagos inferiores a 5.000 euros) obtenía tan solo el 15% de las subvenciones. La reforma (2023-2027) ha limitado los pagos máximos a 100.000 euros por perceptor y elevado las ayudas a los de menos ingresos. Un cambio positivo pero muy insuficiente.
Reconversión
En España la renta de los agricultores es inferior en un 40% al resto de actividades. Las consecuencias son evidentes en el Censo Agrario del INE. Entre 2009 y 2020, los empleados agrícolas familiares del titular de la explotación han disminuido en un 50%, mientras que ha aumentado un 16,3% la mano de obra contratada. Al mismo tiempo, el número de mujeres jefas de explotación aumentó un 22%, mientras que el de hombres disminuyó un 16%.
Es evidente la profunda reconversión de la agricultura española. La explotación familiar está siendo sustituida por empresas con rigurosos criterios profesionales. Aumenta el número de empresas agrícolas que adquieren tierras o simplemente asumen la gestión. La agricultura española encabeza la modernización en Europa como en la agricultura biológica, pero no es atendida.
Europa no podrá garantizar la seguridad alimentaria con un tercio de los gestores agrícolas que superan los 65 años. La justa defensa de un decente nivel de vida de los agricultores es incongruente con las críticas a la subida del Salario Mínimo de algunas organizaciones.
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