Hay dos datos que dibujan negativamente una parte importante de nuestra realidad social. El primero es que España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de toda la Unión Europea. El número promedio de hijos que una mujer podría tener a lo largo de su vida reproductiva no llega a 1,2 —una cifra que entre los países de la UE-27 solo es menor en Malta—. Una tasa tan baja conduce a una población más envejecida, lo que supone una fuente de presión sobre el sistema público de pensiones y el gasto sanitario, además de tener otras consecuencias adversas relacionadas con la fuerza de trabajo y los incentivos para la innovación.

Siendo muchos los factores que pueden explicar que la tasa sea tan pequeña, uno de los más importantes es el coste de la crianza de los hijos. A los problemas estructurales de un mercado de trabajo que ofrece en muchos casos remuneraciones insuficientes para los hogares con cargas familiares y un mercado de la vivienda con barreras crecientes de acceso, se unen la elevada magnitud de los costes de la crianza y la penalización que sigue teniendo la maternidad en las trayectorias laborales. Según los datos de la Fundación FOESSA (Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas), el sobrecoste de la crianza de un hijo entre 0 y 3 años en el presupuesto familiar es de 5.000 euros al año, y de 6.000 cuando se trata de un adolescente.

Un segundo dato revelador es que más de uno de cada cuatro menores de edad viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, lo que coloca a España como el país de la UE-27 donde mayor es este riesgo en los hogares con niños. Los datos disponibles ofrecen un retrato muy negativo cuando se compara la pobreza de los menores de edad con la de los adultos: no solo es más extensa sino también más intensa, los ingresos de sus hogares son más inestables y, especialmente preocupante, esta pobreza es cada vez más multidimensional y crónica.

Los costes sociales derivados de esta segunda realidad son muy grandes. Por un lado, crecer en un hogar en situación de pobreza tiene efectos duraderos en el largo plazo. Quienes han vivido esa situación en edades tempranas tienen mayores dificultades para adquirir habilidades básicas, menos estudios, menores posibilidades de acceder a empleos cualificados, salarios más bajos, peor salud, un tejido más frágil de relaciones familiares y sociales, y un menor nivel de bienestar en general. Por otro lado, como reveló el informe El coste de la pobreza infantil en España, elaborado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, esas desventajas se traducen en importantes costes económicos para el país, que en una estimación conservadora pueden cifrarse en torno a un 5% del PIB.

Invertir esta situación debería ser una prioridad en la agenda política. Necesitamos tanto una gran transformación del modelo actual de prestaciones familiares como un aumento importante de los recursos a él destinados. Los países que menos gastan en estas prestaciones son también los que tienen mayores tasas de pobreza infantil. Actualmente, el gasto en prestaciones monetarias destinadas a las familias en España es cerca de la mitad del promedio de los países de la UE-27. Aunque este gasto ha crecido desde mediados de la pasada década, la brecha con la media comunitaria no solo no se ha cerrado, sino que es mayor que la que había entonces.

El problema no es solo el reducido volumen de recursos invertidos, sino también la singularidad de nuestro modelo de protección. En España, el grueso de las ayudas a las familias procede de desgravaciones fiscales. El mínimo por descendientes del IRPF beneficia a más de ocho millones de contribuyentes. Dado que los hogares con rentas bajas están exentos de tributar en este impuesto, estos recursos (más de 4.000 millones de euros) no afectan a la pobreza infantil. El otro eje de la protección es el complemento de ayuda a la infancia vinculado al ingreso mínimo vital (IMV). Esta ayuda, que ha supuesto una mejora sustancial respecto a la cuantía que antes se pagaba en la prestación no contributiva por hijo a cargo, está muy focalizada en el segmento más pobre de la población.

De ambos esquemas quedan fuera los hogares con rentas medio-bajas, que no se benefician de los complementos destinados a las familias más pobres ni de las ayudas fiscales del IRPF al no llegar a los umbrales de declaración obligatoria (22.000 euros de rentas del trabajo). Este estrato es, precisamente, el que más contribuye a explicar la desigualdad de ingresos en España. Cuando aumenta su peso en la población total, la desigualdad se reduce.

Tal diseño de la protección es anómalo en términos comparados. La realidad más común en la UE es una prestación universal por hijo financiada con impuestos generales o cotizaciones sociales, junto con una variedad de desgravaciones fiscales reembolsables para familias con menores dependientes. Los siete países europeos que no cuentan con esa prestación universal tienen, de hecho, mayores tasas de pobreza en los hogares con niños.

Un nuevo pilar de nuestro Estado de bienestar debería ser, por tanto, una prestación universal por hijo que ayudara a afrontar los gastos de la crianza y a reducir la pobreza infantil. Se trata de un objetivo ambicioso, que, inevitablemente, supondría un aumento del gasto público. De este posible incremento del gasto habría que deducir, sin embargo, lo que ya se está pagando por los complementos familiares y las ayudas fiscales. Ambos instrumentos podrían reformularse en torno a esta nueva prestación universal. Esto no solo beneficiaría al segmento de hogares con rentas medio-bajas, sino también a muchas familias en pobreza severa que no han podido acceder al IMV.

Aunque la respuesta a la baja natalidad y a la pobreza en los hogares con menores de edad no solo depende de esta prestación, ya que son necesarias reformas más ambiciosas en otros ámbitos, como la educación, la vivienda, la conciliación y el mercado de trabajo, su desarrollo contribuiría, como sucede en otros países, a mejorar el bienestar de la infancia y a reducir la magnitud de los problemas actuales.

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