Más de 15 años han pasado desde que estalló la burbuja inmobiliaria y, desde entonces, las familias españolas siguen sin alcanzar el mismo nivel de ingresos. En concreto, la renta real per cápita de los hogares —es decir, una vez eliminado el efecto de la inflación— se mantenía a finales del año pasado más de dos puntos porcentuales por debajo del nivel registrado a inicios de 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del único país de los 34 miembros (con datos disponibles), junto a Italia y Grecia, que sigue estancado en este indicador macroeconómico. Por el contrario, en el conjunto de Estados que integran este organismo, formado por los países más industrializados del mundo, la renta familiar ha crecido un 22% entre 2007 y 2023.

La foto que emerge de los datos publicados por la organización con sede en París muestra que, pese a la aceleración que la economía nacional registró antes del estallido de la pandemia en 2020 y del rebote posterior a la crisis de la covid, el nivel de renta per cápita seguía siendo inferior al de hace 17 años. La cifra viene determinada porque en este periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) ha aumentado a un menor ritmo que el número de residentes —la población creció casi cuatro millones, hasta los 48.507.039—. Es decir, que el país ha perdido productividad durante estos años.

La falta de convergencia se alimenta de un bajo nivel tecnológico y de digitalización en el mercado laboral, unido a la menor calidad del capital humano. Así lo explica Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute. “El modelo productivo está detrás de este estancamiento en la renta y el problema es que España no se va a convertir, al menos en el corto plazo, en una potencia digital ni con alta participación industrial”, detalla. En efecto, según el Banco de España, en las últimas dos décadas, la tasa de crecimiento de la productividad nacional ha sido muy reducida y ha estado por debajo de las otras economías de referencia en Europa; en concreto, un 14% por debajo de la eurozona. Se trata además de un problema que se observa en todas las ramas de actividad, por lo que no se debe a una especialización sectorial.

La entidad dirigida por Pablo Hernández de Cos detalla que la composición sectorial, más sesgada hacia servicios como el comercio y la hostelería, y el peso del sector turístico, actividades con baja productividad e intensivos en mano de obra, solo explica una parte de este retraso en el nivel productivo. Según sus estimaciones, si el país tuviera la estructura de la zona euro, esta diferencia sería del 10%. Tampoco el reducido tamaño del tejido empresarial explica del todo esta desventaja, puesto que cuando se comparan los datos registrales de las empresas de España, Alemania, Francia e Italia, se observa que las nacionales producen entre un 10% y un 20% menos que las de esos países con independencia de si son grandes o pequeñas.

Tanto Blasco como el Banco de España consideran que la falta de innovación impacta igual o más que el tamaño de las empresas y la dependencia que se tiene en el sector servicios. Los datos evidencian la clara desventaja en la que se encuentra la economía nacional en este terreno respecto al resto del continente: en 2022, el gasto en I+D sobre el PIB fue del 1,44%, 0,8 puntos por debajo de la media europea, según los últimos datos publicados por Eurostat. Destaca, en particular, la debilidad del sector privado en esta materia, aunque también la inversión pública es algo inferior en algunas áreas a la media de la eurozona.

Otro punto débil es el menor nivel de capital humano de la población española, en particular en su formación tecnológica y sus competencias digitales. “A pesar de que ha habido una mejora en las últimas décadas, seguimos por debajo del promedio de la UE”, señala Blasco. Las cifras reafirman esta opinión; de acuerdo con un informe publicado por la Fundación BBVA en septiembre del año pasado, el valor del capital humano en España muestra una tendencia decreciente desde hace más de una década, lo que ha supuesto una reducción acumulada desde el año 2000 del 5,6% en términos reales. En términos per cápita, la tasa cae casi un 20% en el mismo periodo, lo que la entidad achaca a un intenso proceso de envejecimiento. En paralelo, el Banco de España lo atribuye a una débil capacidad innovadora y a la absorción del conocimiento, impulsada por los mejores salarios que otorgan otros países.

Un tercer factor que limita la productividad y, por tanto, impacta en la renta real per cápita es el entorno regulatorio. Según los analistas, las empresas españolas siguen manteniendo una mayor dependencia del crédito bancario y un acceso relativamente limitado a la financiación vía capital riesgo en comparación a sus homólogas europeas. Esta dinámica limita las posibilidades de crecimiento de las empresas y su capacidad de maniobra para adaptarse a las eventuales perturbaciones económicas, además de condicionar su capacidad para ejecutar proyectos de innovación. En paralelo, la diferencia normativa entre las comunidades autónomas también condiciona su desarrollo a nivel nacional. Al respecto, el Banco de España recuerda que solo en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron casi 11.000 normas nuevas.

Estas flaquezas han hecho que España sea el tercer país de la Unión Europea con peor desempeño de la OCDE en el avance de la renta real per cápita. Solo Grecia e Italia se encuentran en mayor desventaja. El primero está 20 puntos por debajo del nivel de 2007, mientras que el segundo registra un retroceso de casi 7 puntos.

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