La cólera del campo francés ha conseguido abrirse camino hasta España. Las principales agrupaciones del sector agrario español (Asaja, COAG y UPA) han anunciado que se sumarán a las masivas protestas que han inundado estas últimas semanas con tractores las carreteras de países como Francia, Bélgica o Alemania, tras no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los agricultores y ganaderos de varias zonas de Europa condenan la competencia desleal con terceros países y la “asfixiante” política agraria impulsada desde Bruselas.

Los sindicatos españoles anunciaron el pasado jueves masivas movilizaciones en todo el país, en sintonía con sus vecinos franceses; aprovechando el ruido generado por el bloqueo de las principales carreteras que conectan con París ―las concesiones del Gobierno de Emmanuel Macron finalmente desactivaron la protesta este viernes―. El Ejecutivo español intentó adelantarse y aceptó reunirse con las organizaciones agrarias para escuchar sus reclamaciones. Pese a que el ministro de Agricultura, Luis Planas, calificó el encuentro de “positivo”, no se llegó a un acuerdo y los sindicatos decidieron mantener su calendario de protestas, aún por anunciar.

Los productores españoles insisten en que sus quejas tienen raíces en Bruselas, en concreto en la Política Agrícola Común (PAC), creada en los años sesenta con el objetivo de asegurar la soberanía alimentaria del club comunitario. Según denuncian, así como lo han hecho ya sus homólogos europeos, lo que denominan la “burocracia europea” les supone un dolor de cabeza. Se refieren a las exigencias para obtener las partidas anuales, que pasan desde la disminución del uso de fertilizantes hasta el uso de un cuaderno digital donde registrar la actividad agrícola. “¿Cómo vamos a acostumbrarnos las generaciones mayores si no hemos nacido digitalizados?”, protesta Valentín García, un agricultor de cereales en Valladolid.

Más de 200 tractores aparcan en la zona centro de Zamora este jueves.Mariam A. Montesinos (EFE)

García profundiza en su descontento: “[Bruselas] Nos está llenando de requisitos y papeleo para poder trabajar. A esto se suma la competencia desleal y las malas cosechas por la sequía. Es la tormenta perfecta”. Como este agricultor, los sindicatos del sector en toda Europa se quejan por la entrada de productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen con los mismos estándares de calidad que sí son requeridos para los locales. “Europa no puede dar la espalda a los agricultores europeos. No podemos depender de otros”, recalca.

Las agrupaciones españolas argumentan que el tratado con Mercosur, que sigue sin ratificarse, o los acuerdos bilaterales con países como la India, Australia o Chile suponen un riesgo para la producción nacional. “Si empiezan a traer carne de vacuno de Sudamérica, la producción nacional se va a pique”, asegura Miguel Padilla, presidente de la asociación de agricultores y ganaderos COAG. “Los puertos están inundados de productos de Ucrania y terceros países”, añade García.

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En un intento de reducir la tensión, el titular de Agricultura aseguró que España solo apoyará los cambios de la PAC que estén “en línea” con los intereses nacionales. Además, defendió que el país ha conseguido darle la vuelta a la balanza comercial alimentaria en los últimos 20 años, si bien reconoció que los acuerdos comerciales con países fuera de la UE conllevan “riesgos”. “Hay que hacer un seguimiento para que se cumplan las cantidades que se han pactado”, recalcó el ministro, que se mostró crítico con Bruselas.

La Comisión Europea prometió esta semana reducir las cargas administrativas e incluir a los agricultores y ganaderos en los debates sobre cómo les afecta la transición ecológica, otro de los puntos clave que reivindican las movilizaciones. La propuesta, según anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se presentará de cara al Consejo de la UE a finales de febrero.

Antonio Garrido, (64 años), agricultor de patatas, almendros y arroz en Andalucía.
Antonio Garrido, (64 años), agricultor de patatas, almendros y arroz en Andalucía.L.E.V

Para los sindicatos españoles, el problema va más allá. La Ley de Cadena Agroalimentaria, por la que se evita la venta de productos por debajo del precio del mercado, “no se vigila” de manera correcta, denuncia el presidente de COAG. El agricultor García explica que se ha visto obligado a cambiar su cosecha de cereales por las leguminosas porque, según él, estas tienen menos exigencias fitosanitarias y el coste es menor. “Aunque las leguminosas tampoco me las pagan como es debido, porque yo vendo mis lentejas a 70 céntimos el kilo y en el supermercado se venden a dos euros”, afirma. Antonio Garrido, agricultor de patatas en Andalucía, expone su caso: “Sembrar un kilo de patatas me cuesta 20 céntimos y lo vendo a 22″.

Los supermercados, por su parte, defienden que los precios en origen (los que se fijan de partida en el campo) también han subido. Se ha registrado una subida media acumulada del 50% desde 2021, como resultado de los problemas logísticos globales provocados por la guerra en Ucrania, según los datos del Ministerio de Agricultura

Tregua en Francia, desacuerdo en España

Después de dos semanas de masivas protestas, el Ejecutivo de Emmanuel Macron cedió en parte de las exigencias de los sindicatos franceses, que ya desactivaron las protestas para la próxima semana, aunque con la advertencia de retomarlas si se incumple con lo prometido. En España, por el contrario, la sensación de los sindicatos es que el Ministerio de Agricultura no ha decretado medidas concretas para enfrentar los problemas del campo.

Isabel Navarro, valenciana de 52 años y agricultora desde hace 25, reclama, por ejemplo, poner coto a las importaciones. “No es, como dice Francia, que los españoles tengamos más facilidades, estamos bajo el mismo marco europeo. Son los terceros países los que tienen más facilidades”, sostiene. Sobre si considera que las movilizaciones se deben mantener pese al diálogo con el Gobierno, esta agricultora insiste: “Nos tenemos que levantar y así nos van a escuchar”.

Isabel Navarro, 52 años, agricultora de almendros, olivares y cultivos de vid en Valencia.
Isabel Navarro, 52 años, agricultora de almendros, olivares y cultivos de vid en Valencia.L.E.V

El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves en Bruselas que es consciente de los desafíos que enfrenta el sector, pero defendió que su Gobierno ha aprobado mediadas “ambiciosas y transformadoras”. Entre las que destacó está la Ley de la Cadena Agroalimentaria. “Nuestro compromiso con el campo es total, es rotundo, es absoluto”, subrayó Sánchez.

Vox ha intentado capitalizar el rechazo a llegar a un acuerdo con el Gobierno. Uno de los primeros en sacar provecho del anuncio de la movilización ha sido Javier Ortega Smith, portavoz de la formación ultra en el Ayuntamiento de Madrid, que ha asegurado que “la competencia desleal que permiten el PP y el PSOE está perjudicando gravemente al campo”. Otros representantes de Vox asistieron a una movilización el jueves en Bruselas durante una reunión del Consejo Europeo, desde donde exigieron “acabar con el disparate climático ecológico radical” en Europa.

Las primeras tractoradas en España ya se registraron el jueves en Zamora y Valladolid (Castilla y León) y Huelva (Andalucía), al margen de los principales sindicatos, que ya avisan de que las que ellos organicen tendrán un alcance nacional. España no quiere llegar tarde a la ola de malestar europeo.

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